Los gobiernos de Argentina, Australia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, República Dominicana, Estonia, Unión Europea (UE), Alemania, Guatemala, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos expresaron este jueves su grave preocupación por la crisis postelectoral en Venezuela y reiteraron su apoyo al respeto de los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos.
En una declaración conjunta, los 30 países y la UE instaron al régimen de Nicolás Maduro a iniciar “conversaciones constructivas e inclusivas” con la oposición sobre una transición democrática y a liberar inmediatamente a los venezolanos detenidos tras las elecciones.
“Estamos con los millones de venezolanos que siguen arriesgando sus vidas y su bienestar para exigir un futuro más democrático, próspero y seguro para ellos y para su país”, dice el comunicado. “Aplaudimos al pueblo venezolano por su participación en las elecciones presidenciales del 28 de julio a pesar de los importantes desafíos. Más de 12 millones de personas acudieron a las urnas y ejercieron su derecho al voto. Su voluntad, expresada en las urnas, debe ser respetada”, manifestó.
La declaración conjunta de este jueves también subrayó la preocupación por la represión generalizada y las violaciones de derechos humanos reportadas tras las elecciones, que incluyen arrestos y detenciones arbitrarias -incluso de menores-, asesinatos, negaciones de garantías de juicio justo y tácticas de intimidación contra la oposición democrática y otros miembros de la sociedad civil.
“Pedimos la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente sin respetar las garantías de un juicio justo. Es fundamental que se permita a los venezolanos expresar pacíficamente sus opiniones políticas, incluso mediante el ejercicio de la libertad de reunión y expresión pacíficas, sin temor a represalias. Pedimos que se ponga fin al uso excesivo de la fuerza, a la violencia política y al acoso contra la oposición y la sociedad civil”, señaló el texto con 31 firmas.
Además, los 31 representantes solicitaron el regreso inmediato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela y las condiciones necesarias para que pueda cumplir plenamente con su mandato. Además, instaron al régimen a cumplir con sus compromisos bajo el Derecho Internacional, particularmente como parte de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, proporcionando un salvoconducto a los seis solicitantes de asilo que actualmente se encuentran en la residencia oficial de Argentina en Caracas y permitiéndoles salir del territorio venezolano.
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